Representantes de organizaciones que favorecen la despenalización del aborto se concentraron este miércoles frente al Tribunal Constitucional, donde reiteraron su respaldo a la inclusión de las tres causales en la legislación dominicana y defendieron las acciones sometidas ante la alta corte.
Durante la audiencia, las activistas sostuvieron que la penalización absoluta del aborto continúa afectando a mujeres que enfrentan situaciones extremas y afirmaron que el Estado debe garantizar mecanismos legales para proteger su salud, vida y dignidad.
“Debe verse también en el Código Penal”
“Todo lo penal se ve en el Código Penal, y siempre y cuando esté penalizado absolutamente el aborto, entonces tiene que verse también en el Código Penal”, expresó una de las representantes.
Asimismo, indicó que las organizaciones que respaldan la iniciativa buscan que sean contempladas las tres causales dentro de la legislación nacional.
“No puede haber un Código Penal sin que incluya esas tres causales, porque sigue condenándonos a nosotras a muerte, sigue condenando nuestra salud y sigue condenando aún peor nuestra dignidad”, manifestó.
Denuncian desigualdad por condiciones económicas
Las participantes señalaron que muchas mujeres de comunidades rurales enfrentan mayores dificultades ante la prohibición total del aborto y sostuvieron que quienes cuentan con recursos económicos pueden acceder a alternativas fuera del país, mientras que otras permanecen limitadas por su situación económica.
“Quienes tienen recursos económicos para salir fuera del país a resolver una de estas tres situaciones, lo hacen. Quienes no podemos somos las que estamos amenazadas a seguir muriendo”, afirmaron.
Otra de las representantes explicó que comparecieron ante el Tribunal Constitucional para respaldar las acciones que procuran cambios en la legislación vigente y aseguró que continuarán defendiendo esa posición.
“Nosotros entendemos que estamos en un buen punto porque nuestra intención es representar a las mujeres que no tienen voz”, expresó.
La audiencia también contó con la participación de organizaciones provida, que acudieron a presentar argumentos en defensa de la protección de la vida desde la concepción y del artículo 37 de la Constitución dominicana.
El proceso fue aplazado por cinco días para que la parte accionante pueda concluir la presentación de sus argumentos ante el Tribunal Constitucional.