La abogada que fue detenida recientemente en Dajabón mientras transportaba tres ciudadanos haitianos ilegales, Sandra Maribel Furcal Guzmán, tiene un antecedente judicial de 2012, cuando fue apresada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) bajo acusaciones de haber alterado documentos de un expediente relacionado con un caso de drogas.
En aquella ocasión, Furcal Guzmán fue detenida en el Palacio de Justicia de Moca, donde, según informó entonces la DNCD, había solicitado el expediente de su cliente Johann Manuel Herrera Blanco y presuntamente modificó las fechas consignadas en documentos relativos a su arresto y al registro de un vehículo.
La institución antinarcóticos sostuvo que la supuesta alteración buscaba hacer constar que habían transcurrido las 48 horas legales de detención y favorecer la puesta en libertad de Herrera Blanco, quien había sido apresado días antes durante un operativo en el que, de acuerdo con la DNCD, fueron ocupadas varias porciones de cocaína con un peso total de 32.5 gramos.
Tras ese arresto, la DNCD anunció que la abogada sería sometida a la Justicia por la presunta modificación de las piezas del expediente. Los registros periodísticos disponibles sobre el caso dan cuenta de la acusación y del arresto, pero no permiten establecer que Furcal Guzmán haya sido condenada por esos hechos.
Más de una década después, su nombre vuelve a aparecer en un proceso judicial, esta vez a raíz de su detención en la comunidad El Laurel, Dajabón, donde miembros del Ejército la interceptaron mientras conducía una Honda CR-V en la que fueron encontrados tres ciudadanos haitianos ilegales.
Durante el operativo, Furcal Guzmán manifestó a los militares que trabajaba para el Ministerio de Educación y expresó preocupación por las consecuencias que la detención pudiera tener sobre su empleo. En un video difundido posteriormente se le escucha pedir que no fuera detenida ni se difundieran las imágenes del procedimiento.
La jurista figura, en efecto, en registros oficiales del Ministerio de Educación. Una nómina de la institución la identifica como personal fijo de la Dirección de Participación Comunitaria, con el cargo de supervisora y un salario bruto mensual de RD$60,000.
Por el proceso actual, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Dajabón le impuso presentación periódica, vigilancia de un garante e impedimento de salida del país por seis meses, mientras avanza la investigación relacionada con el transporte de los extranjeros.