El presidente Luis Abinader emitió el Decreto número 689-23, a través del cual concedió pensiones solidarias por vejez y discapacidad a un total de 2,230 ciudadanos dominicanos.

La emisión de este decreto se basa en la consideración de que la Constitución, en su artículo 60, establece el derecho a la seguridad social, indicando que el Estado tiene la responsabilidad de fomentar su desarrollo progresivo para asegurar el acceso universal a una protección adecuada en situaciones de enfermedad, discapacidad, desempleo y vejez.

La Carta Magna, en sus artículos 56, 57 y 58, establece la obligación de proteger, asistir, promover, integrar y desarrollar de manera armoniosa e integral a las personas de la tercera edad, menores de edad y con discapacidad. Además, garantiza servicios de seguridad social integral en igualdad de condiciones y proporciona un subsidio alimentario en casos de indigencia.

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