El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 88-26, mediante la cual se aplaza por 18 meses la aplicación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplado en el nuevo Código Penal dominicano.
Con esta disposición, las empresas comenzarán a estar sujetas a dicho régimen a partir del 5 de mayo de 2028, en lugar del 5 de noviembre de 2026, fecha en la que estaba previsto que entraran en vigor las disposiciones correspondientes.
La normativa modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y establece que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal, comenzarán a aplicarse en la nueva fecha, con excepción de lo establecido en el artículo 393.
El aplazamiento busca conceder a las empresas un período adicional para realizar los ajustes internos y establecer los mecanismos de prevención y control necesarios para cumplir con las nuevas exigencias legales. También permitirá que las instituciones del sistema de justicia se preparen para aplicar este régimen.
Las disposiciones contemplan que las empresas puedan ser investigadas y procesadas penalmente por determinados delitos cometidos en el ejercicio de sus actividades por sus directivos, representantes o empleados, cuando se cumplan las condiciones establecidas en la legislación.
Entre las sanciones previstas figuran multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias, impedimento para contratar con el Estado y hasta la disolución de la entidad, siempre mediante un proceso judicial.
La promulgación se produjo luego de que el Congreso Nacional aprobara la modificación. El Senado acogió la propuesta con 26 votos favorables y ninguno en contra, después de que la Cámara de Diputados redujera de 24 a 18 meses el período de prórroga inicialmente planteado.
Organizaciones empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) habían solicitado más tiempo para que las compañías, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, pudieran adecuarse al nuevo marco legal.