El Ministerio de Trabajo ordenó la paralización de 24 establecimientos comerciales de inversionistas chinos tras detectar condiciones que representaban un peligro inminente para sus trabajadores, durante una jornada de inspecciones que también reveló incumplimientos relacionados con el pago de beneficios y el respeto a los derechos laborales.
Entre los principales hallazgos figura que 91 de los 101 negocios fiscalizados desvinculaban a sus empleados antes de cumplir tres meses en sus puestos. De acuerdo con lo informado por las autoridades, esta práctica impedía que los trabajadores acumularan determinados derechos laborales, entre ellos vacaciones y cesantía.
El operativo se extendió durante ocho días e incluyó establecimientos del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey. En total, los inspectores levantaron 1,016 actas por las irregularidades encontradas.
Los resultados presentados por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, también indican que 53 establecimientos no otorgaban el descanso semanal obligatorio y otros 52 incumplían el pago de bonificaciones. Asimismo, en 37 negocios se identificaron faltas relacionadas con el pago de horas extraordinarias.
En materia de seguridad y salud ocupacional, 53 establecimientos presentaron incumplimientos de las normas destinadas a proteger a sus empleados. En 24 de esos negocios, las condiciones fueron consideradas de peligro inminente, por lo que se dispuso la paralización de sus operaciones conforme a la normativa vigente.
Las inspecciones también detectaron que 33 establecimientos incumplían las disposiciones sobre la proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros que deben emplear las empresas.
El Distrito Nacional concentró la mayor cantidad de actuaciones, con 54 negocios inspeccionados, 546 actas levantadas y 13 órdenes de paralización. En Santo Domingo Este, Oeste y Norte se fiscalizaron 34 establecimientos, con 302 actas y tres paralizaciones.
En San Pedro de Macorís e Higüey fueron inspeccionados otros 13 negocios. Allí se levantaron 168 actas y se ordenó detener las operaciones de ocho establecimientos.
Del total de actuaciones, 974 correspondieron a actas de apercibimiento para requerir la corrección de las irregularidades, mientras que las 42 restantes fueron actas de infracción. El Ministerio no identificó públicamente los negocios afectados ni detalló los montos de posibles sanciones económicas.
Olivares aseguró que la institución dará seguimiento a los establecimientos inspeccionados para verificar que subsanen las faltas y cumplan con el Código de Trabajo y las normas de seguridad ocupacional. También anunció que continuarán los operativos en otras zonas del país.