Cada 20 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento, una fecha que reivindica uno de los pilares fundamentales de toda democracia: el derecho de las personas a expresar sus ideas, opiniones y creencias sin temor a represalias.
Aunque hoy se considera un derecho esencial, la libertad de expresión ha sido el resultado de siglos de disputas contra la censura, la persecución política y los intentos de controlar el pensamiento. Su historia está marcada por conflictos que evidencian el costo que muchas sociedades han pagado para defender la libre circulación de las ideas.
Un símbolo nacido en la Roma del siglo XIX
El origen de esta conmemoración suele asociarse al 20 de septiembre de 1870, cuando las tropas del Reino de Italia atravesaron la muralla de la Porta Pía e ingresaron a Roma, un acontecimiento que puso fin al poder temporal de los Estados Pontificios y consolidó la unificación italiana.
Para diversos movimientos liberales y librepensadores de la época, aquel episodio representó mucho más que una victoria militar: simbolizó el avance de la libertad de conciencia, el pensamiento laico y la posibilidad de debatir ideas sin las restricciones impuestas por estructuras de poder político y religioso. Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada por distintos sectores como una referencia vinculada a la defensa de la libertad de pensamiento y expresión.
Una conquista marcada por episodios de represión
En República Dominicana, la libertad de expresión ha atravesado etapas de profundas restricciones. A lo largo del siglo XX, periodistas, intelectuales, dirigentes políticos y ciudadanos enfrentaron persecución por expresar opiniones contrarias al poder.
Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), el control sobre la información fue prácticamente absoluto. La censura alcanzó a periódicos, emisoras y publicaciones, mientras que las voces críticas enfrentaban vigilancia, encarcelamiento, exilio e incluso la muerte.
Años más tarde, durante los llamados «12 años» de Joaquín Balaguer (1966-1978), continuaron las denuncias sobre persecución política y violencia contra opositores. En ese contexto ocurrieron asesinatos que marcaron la historia del periodismo dominicano, entre ellos los de Gregorio García Castro, conocido como «Goyito», en 1973, y Orlando Martínez Howley en 1975.
Otro caso emblemático fue la desaparición del profesor universitario y comentarista Narciso González Medina, conocido como «Narcisazo», en 1994, luego de pronunciar un discurso crítico sobre el proceso electoral de ese año. Más de tres décadas después, el caso sigue siendo un símbolo de las deudas pendientes en materia de verdad y justicia.
Desafíos de la libertad de expresión en la era digital persistentes en República Dominicana
La Constitución dominicana reconoce en sus artículos 48 y 49 los derechos a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin embargo, en la era digital los desafíos ya no se limitan a la censura tradicional. Hoy el debate también pasa por las redes sociales, los datos personales, la vigilancia tecnológica y las reglas que determinan qué contenido circula y cuál queda fuera de la conversación pública.
En los últimos años, distintos proyectos legislativos relacionados con delitos tecnológicos, regulación de plataformas digitales y responsabilidad por contenidos publicados en internet han provocado discusiones entre autoridades, juristas, periodistas y organizaciones de derechos digitales. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de actualizar el marco legal frente a los nuevos riesgos del entorno digital, otros advierten sobre disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la libre expresión.
A esto se suman las preocupaciones sobre el uso de herramientas de vigilancia digital y las denuncias de monitoreo a periodistas y activistas, un escenario que reabre preguntas sobre la privacidad, la protección de las fuentes y la capacidad de ejercer el periodismo sin presiones indebidas.
Pero la libertad de expresión no solo se ejerce detrás de una pantalla. También se manifiesta en las calles cuando ciudadanos se organizan para reclamar servicios, denunciar problemáticas o exigir derechos. En esos casos, el debate vuelve a la misma pregunta de siempre: hasta dónde llega la obligación del Estado de preservar el orden público y dónde comienza el derecho de las personas a reunirse y expresar sus demandas de manera pacífica.
Más de un siglo después de los acontecimientos que dieron origen a esta conmemoración, la libertad de expresión continúa enfrentando nuevos retos. Cambian las tecnologías, los escenarios y las formas de comunicar, pero permanece la misma necesidad de proteger el derecho de las personas a hablar, cuestionar, informar y participar en la vida pública sin temor a represalias.