El Gobierno de Colombia decidió levantar la suspensión general que durante años había limitado el uso de los permisos para portar armas de fuego. La medida fue formalizada este martes por el presidente Abelardo de la Espriella mediante el Decreto 1368 de 2026 y comenzará a aplicarse a partir de este miércoles.
Con la decisión, las personas que actualmente cuentan con un permiso de porte vigente podrán volver a ejercer esa autorización sin tener que solicitar un permiso especial adicional. El Gobierno aclaró, sin embargo, que el decreto no establece un porte libre de armas ni elimina los controles que deben cumplir quienes buscan obtener o conservar este tipo de permisos.
La medida tampoco beneficia a quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados. También quedan excluidas las personas que tengan alguna prohibición legal o judicial para portar armas. De esta manera, el levantamiento de la suspensión general restablece la vigencia de las autorizaciones que ya cumplen con las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
De la Espriella defendió la decisión como parte de su política de seguridad y argumentó que la suspensión general terminaba afectando a ciudadanos que habían cumplido con los requisitos legales para obtener un permiso, mientras que los grupos criminales continuaban utilizando armas de manera ilegal.
«Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente», sostuvo el mandatario al anunciar la firma del decreto. Según su planteamiento, el objetivo es permitir que quienes estén legalmente autorizados puedan contar nuevamente con la posibilidad de portar un arma para su defensa.
El Gobierno insistió en que la medida no modifica los requisitos establecidos para acceder legalmente a un arma de fuego. Las personas que soliciten un permiso deben pasar por los procedimientos correspondientes ante las autoridades militares y cumplir con las condiciones físicas, psicológicas y legales exigidas. La autoridad competente mantiene además la facultad de aprobar o negar cada solicitud.
La suspensión que ahora queda sin efecto había sido mantenida por diferentes gobiernos desde 2015. El levantamiento devuelve vigencia a un sistema de permisos que permite diferenciar entre la tenencia legal de un arma y el porte, es decir, la autorización para llevarla consigo fuera del lugar donde está registrada.
La decisión también abre un nuevo debate sobre el papel de las armas legales en la seguridad pública. Sectores que respaldan la medida consideran que los ciudadanos autorizados deben poder disponer de sus permisos, mientras que sus críticos advierten sobre el riesgo de que armas inicialmente adquiridas de manera legal puedan terminar en manos de organizaciones criminales mediante robos, pérdidas o desvíos.
El presidente respaldó su decisión con cifras sobre las incautaciones realizadas por las autoridades. Según los datos presentados por De la Espriella, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre fueron decomisadas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos. De ese total, el mandatario señaló vínculos con estructuras como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El levantamiento de la suspensión constituye así una de las principales decisiones de la actual política de seguridad del Gobierno de De la Espriella. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca devolver capacidad de defensa a ciudadanos que cumplen la ley, sus detractores cuestionan que una mayor circulación de armas pueda contribuir a reducir la violencia. La aplicación del nuevo decreto permitirá observar cómo impacta la medida en el control y el porte legal de armas en el país.