Rafael Martínez Hazim, imputado en el proceso por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), pidió al Ministerio Público ampliar las pesquisas para incluir a otros empresarios y empresas que, según afirmó, habrían realizado operaciones por miles de millones de pesos y cuyos responsables no forman parte del proceso.
Durante su intervención ante el tribunal, Martínez Hazim cuestionó que empresarios que, de acuerdo con sus señalamientos, habrían facturado alrededor de RD$3,000 millones permanezcan en libertad, mientras él lleva varios meses en prisión preventiva por una operación relacionada con una empresa de su padre.
Según explicó, la compañía vinculada a su caso habría registrado una facturación cercana a RD$13 millones y no habría realizado ventas directamente al Senasa. A partir de esto, negó haber participado en un desfalco y reclamó que las autoridades profundicen las investigaciones para determinar la responsabilidad de todas las personas y compañías que pudieran estar involucradas. «Yo no debería estar aquí preso. Yo no desfalqué nada», afirmó el imputado.
Martínez Hazim también cuestionó los elementos utilizados para vincularlo al expediente. Aseguró que ninguno de los testigos lo ha señalado directamente y sostuvo que solo fue interrogado una vez, a diferencia de otras personas relacionadas con el proceso que, según dijo, han sido requeridas en varias ocasiones. «Yo no les sirvo de nada. Yo soy aquí un accesorio», manifestó.
En ese contexto, consideró excesiva la prisión preventiva que cumple y solicitó que sea sustituida por arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
El imputado agregó que su situación de salud también debe ser tomada en cuenta por el tribunal, debido a complicaciones médicas que, según afirmó, ha presentado durante su permanencia en prisión y a una cirugía que tiene pendiente.
Martínez Hazim aseguró que no pretende abandonar el país y que está dispuesto a cumplir las condiciones que establezca el tribunal mientras continúa el proceso.
Su petición al Ministerio Público se centró en que las investigaciones no se limiten a los imputados actuales y que se determine si otras empresas o empresarios tuvieron participación en las operaciones bajo investigación.