La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público tienen hasta este jueves 30 de julio para presentar la acusación formal u otros requerimientos conclusivos en el caso que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros nueve imputados.
El acto conclusivo deberá ser depositado ante la jueza coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien posteriormente remitirá el expediente a un tribunal para conocer el juicio preliminar.
El artículo 151 del Código Procesal Penal establece que, si el Ministerio Público no cumple con este plazo, el juez de control de las investigaciones debe intimar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a los abogados del Estado para que presenten el requerimiento en un plazo común de quince días. Si tampoco se cumple, la acción penal debe ser declarada extinguida.
El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, es el responsable de decidir sobre una posible prórroga. Ese mismo día también tiene pautada la revisión obligatoria de la medida de coerción de los imputados que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Las Parras.
En caso de que el Ministerio Público deposite la acusación antes del vencimiento del plazo, el juez se desapodera del expediente y lo remite a la jueza coordinadora para que se designe el tribunal que conocerá el juicio preliminar.
Imputados y cargos
Además de Santiago Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, junto a otros exfuncionarios y suplidores vinculados a la ARS estatal. Algunos de ellos admitieron haber pagado sobornos, lo que les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que el grupo defraudó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos entre 2020 y 2025, mediante un entramado de corrupción en el sistema público de riesgos de salud.
Los cargos incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos. El Ministerio Público ha reiterado que el caso sigue abierto y que otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.
