Hasta marzo de 2026, distintas instituciones del Estado dominicano habían comprometido más de RD$897 millones y US$2.1 millones en contratos de alquiler de almacenes y espacios destinados a diversas operaciones administrativas y logísticas.
Los datos fueron obtenidos a partir de un levantamiento realizado con informaciones suministradas por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República, que incluyó decenas de procesos relacionados con arrendamientos para el almacenamiento de documentos, mercancías, activos, suministros y otros bienes utilizados por entidades gubernamentales.
Predominan contrataciones por excepción
El análisis revela que una gran parte de los contratos fueron realizados mediante procedimientos de excepción, principalmente bajo la modalidad de exclusividad o proveedor único.
De los procesos revisados, decenas fueron gestionados fuera de los mecanismos ordinarios de contratación, sustentados en que los servicios requeridos solo podían ser ofrecidos por determinados proveedores o inmuebles específicos.
Además del almacenamiento de materiales y equipos, algunos espacios fueron utilizados como oficinas, centros logísticos, estaciones para despacho de combustible, parqueos y áreas de soporte técnico.
Salud y educación figuran entre las entidades con más contratos
Entre las instituciones con mayor cantidad de arrendamientos figura el Servicio Regional de Salud Ozama, con ocho contratos destinados a centros de atención primaria, supervisiones de salud y almacenes.
Le siguen la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) y el Ministerio de Educación (Minerd), con varios procesos vinculados al alquiler de espacios para operaciones institucionales.
Asimismo, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia registró diversos contratos destinados al almacenamiento de mercancías y ayudas sociales dirigidas a familias de escasos recursos.
Algunos proveedores concentran varios contratos
La investigación también identificó empresas que mantienen más de un acuerdo de arrendamiento con entidades estatales.
Entre ellas figuran compañías dedicadas al alquiler de almacenes, oficinas móviles y centros logísticos utilizados para guardar materiales, equipos y mercancías administradas por organismos públicos.
Detectan diferencias entre montos estimados y contratados
Los datos revisados muestran que varios procesos terminaron siendo adjudicados por montos superiores a los originalmente estimados, mientras que en otros casos el Estado contrató por debajo del presupuesto previsto.
También fueron identificados contratos cuya vigencia había concluido años atrás, pese a formar parte de los registros suministrados durante la solicitud de información.