OPINIÓN, JAIME BOBADILLA PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- El gobierno de la República Dominicana ha firmado dos “memorándum de entendimiento” con los EE.UU., en los cuales se nota la intención del presidente Luis Abinader de comprometer los intereses de RD a la voluntad estadounidense.
El primero fue el de Gestión Migratoria y Tránsito bajo el «Escudo de las Américas» (Mayo 2026), el cual fue rechazo por varios sectores, pero que el gobierno lo vendió como algo normal, incluso indicando que, por la naturaleza del “acuerdo”, no necesitaba pasar por el congreso.
El más reciente fue el de Cooperación en Energía Nuclear Civil (Junio 2026), en el cual ambas partes acuerdan “reforzar la cooperación en materia nuclear, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y ampliar los lazos económicos entre ambos países”.
Lo cierto es que ninguno de estos acuerdos/memorándum han pasado por el control constitucional, ni mucho menos por el Congreso de la República para validar dichos acuerdos; ya que, según las Constitución Dominicana en su artículo 93, de la atribuciones del congreso, en su letra L, dice: Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que
suscriba el Poder Ejecutivo.
También el artículo 185 numeral 2, sobre el Control Constitucional, le atribuye al Tribunal Constitucional el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo.
Independientemente si los memorándum o acuerdos benefician al país, los mismos no se pueden ejecutar sin el debido proceso. Peor aun resulta cuando el debido proceso es en apego a la Constitución Dominicana.
No resulta extraño tanto ruido en materia económica que ayuda a silenciar tratados que pasan desapercibidos y violando la Constitución.
¿Imposición?