El proceso judicial por el presunto fraude en la red semafórica del Gran Santo Domingo tuvo este viernes un giro relevante con las declaraciones del empresario José Ángel «Jochy» Gómez Canaán, principal imputado en el caso.
Durante su intervención ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas, Gómez aseguró que el colapso del sistema no fue producto de sabotaje, sino consecuencia de errores cometidos por las propias autoridades gubernamentales.
El empresario rechazó las acusaciones de estafa vinculadas al contrato con la empresa Transcore, que incluía un anticipo del 20 % equivalente a 263 millones de pesos. Según explicó, esos fondos no fueron «repartidos», como sostiene el Ministerio Público, sino destinados al pago de suplidores internacionales y a la ejecución del proyecto.
Gómez detalló que la implementación del contrato comenzó en junio de 2023, mientras que los desembolsos estatales se realizaron en agosto y octubre. En ese período inicial, Transcore operó con una línea de crédito superior a 120 millones de pesos otorgada por el Banco BDI y con préstamos de la empresa Dekolor, de la cual es socio y que también ha tenido contratos con el Estado.
Asimismo, afirmó que la gestión operativa de Aurix, otra de sus compañías, fue entregada a un funcionario de la Presidencia. Según Gómez, esta empresa funcionó como un «brazo técnico del Estado» para coordinar operativos de seguridad junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, en contraposición a la versión del Ministerio Público, que la describe como una estructura clandestina.