El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 1-26, con la que se crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), convirtiéndose en la primera legislación oficial del año 2026. Con esta normativa queda eliminado el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones, organismo que operaba bajo las mismas siglas.
De acuerdo con informaciones oficiales, la nueva ley sustituye un marco legal aprobado a inicios de 2024 que posteriormente fue anulado por el Tribunal Constitucional ya que supuestamente se determinó que esa normativa infringía la Constitución y que su aprobación no siguió los procedimientos establecidos.
Asimismo, esa decisión dejó sin efecto la estructura legal que intentaba regular el sistema de inteligencia estatal.
Entre los puntos centrales de la Ley 1-26 se establece que el acceso a datos e informaciones por parte de la DNI requerirá autorización judicial. Este aspecto surge tras diálogos entre las autoridades y la Sociedad Dominicana, en medio de cuestionamientos sobre el alcance de las facultades del organismo.