Santo Domingo, R.D. – Durante una entrevista en el espacio «El Comentario de 7 SEGUNDOS», el abogado Félix Nova advirtió sobre las irregularidades legislativas y los riesgos constitucionales que, según afirma, acompañan la aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), contenido en la Ley 97-25. La normativa entró en vigencia de inmediato, un hecho que, según el jurista, cambia de manera significativa el sistema de justicia dominicano.
Nova explicó que la aprobación acelerada del CPP respondió al vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) tras declarar inconstitucional la Ley 10-15, que modificaba el código vigente desde 2002. La sentencia TC/0765-2025, emitida en diciembre de 2024, identificó vicios en el procedimiento legislativo y otorgó un año al Congreso para corregir la situación y evitar un vacío jurídico.
Sin embargo, el abogado señaló que el Congreso incurrió en «procrastinación legislativa», ya que el nuevo proyecto fue depositado en abril de 2025 y comenzó a trabajarse formalmente a finales de julio, cuando el plazo estaba por agotarse.
Aprobación exprés y sin consenso
El jurista criticó que el proyecto fuera tramitado con premura y sin un proceso de consulta amplio con los actores del sistema de justicia. «Al único que le acataron todas las observaciones fue al Ministerio Público. No se hicieron caso a jueces, ni abogados privados, ni a defensoría pública», afirmó.
Nova también recordó que, durante los debates, diputados denunciaron la influencia directa de la Procuraduría General de la República en la redacción del texto. «Incluso algunos diputados lo
dijeron a la clara, que la Procuraduría metió mano, fueron como los legisladores de ese proyecto», señaló.
Pese a las advertencias, el Senado aprobó la pieza sin modificaciones, la ley fue promulgada y puesta en vigencia «de la noche a la mañana», sin otorgar un vacatio legis, un período habitual para capacitar a los operadores del sistema. Nova recordó que otras leyes relevantes, como el nuevo Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio, sí incluyeron plazos de un año antes de entrar en vigor.
Riesgos de inconstitucionalidad y afectación al debido proceso
Entre los puntos más delicados del nuevo CPP, Nova destacó la figura de la reiteración delictiva para imponer prisión preventiva, que permite que dos querellas sean suficientes para justificar la medida. Esto, dijo, «es un arma de doble filo», pues abre la puerta a que cualquier persona malintencionada pueda provocar la detención de otra con solo dos denuncias.
El abogado también alertó sobre un desequilibrio entre los derechos del imputado y los de la víctima, indicando que, bajo la nueva normativa, «los derechos del imputado se encuentran algo limitados en comparación con los de la víctima».
Asimismo, sostuvo que el código otorga «demasiado poder» al Ministerio Público y reduce controles internos, lo que podría derivar en prácticas autoritarias. A su juicio, el nuevo CPP, junto al Código Penal, configura «un Código Penal del enemigo», orientado más al castigo que a la protección de libertades fundamentales.
El abogado concluyó con una advertencia contundente sobre el impacto institucional del nuevo CPP, afirmando que «el peor acto de corrupción es eliminar la presunción de inocencia para trancar a quien se considera corrupto». A su juicio, la entrada en vigencia inmediata de la ley y los desequilibrios que introduce obligan a un debate profundo sobre el rumbo del sistema de justicia y la necesidad de garantizar que las reformas no vulneren derechos fundamentales ni abran la puerta a abusos de poder.