El Ministerio Público anunció que apelará la decisión de la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, quien impuso medidas de coerción consideradas insuficientes contra cuatro colaboradoras del Instituto Leonardo Da Vinci, procesadas por el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión escolar.
La Procuraduría había solicitado una coerción más severa: garantía económica de 50 millones de pesos para cada imputada a través de una aseguradora, impedimento de salida, presentación periódica y el uso de localizadores electrónicos. Sin embargo, el tribunal solo impuso RD$500,000 de garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
En el caso de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general, la jueza ordenó su libertad sin medidas de coerción.
El Ministerio Público insistió en que las medidas solicitadas eran proporcionales a los hechos imputados.
“No estamos conformes con la decisión”, expresó la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, directora de la DINNAF, al salir de la audiencia. La acompañaron la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.
