El Ministerio Público puso en marcha la “Operación Cobra”, un amplio dispositivo anticorrupción destinado a desentrañar y judicializar la presunta estafa millonaria cometida en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La acción culminó con el arresto del exdirector de la entidad, Santiago Hazim, y otras siete personas, todos señalados como parte de un supuesto esquema de desfalco en perjuicio del Estado dominicano.
Los arrestados
- Santiago Hazim
- Gustavo Enrique Messina
- Germán Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya
- Eduardo Read Estrella
- Cinty Acosta Sención
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma
Según el Ministerio Público, este grupo habría participado en un megadesfalco dentro de la ARS estatal.
En el operativo participaron 25 fiscales y más de 200 agentes policiales, quienes ejecutaron 12 allanamientos simultáneos en busca de evidencias financieras y documentales que fortalezcan el expediente acusatorio.
Los detenidos enfrentarían imputaciones por:
- Coalición de funcionarios
- Prevaricación
- Asociación de malhechores
- Cobro de sobornos
- Estafa contra el Estado
- Desfalco
- Falsificación y uso de documentos falsos
- Lavado de activos
El Ministerio Público asegura haber identificado sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustento legal y otras maniobras que, presuntamente, desviaron fondos públicos mediante un esquema de corrupción sistemática.
Compromiso anticorrupción
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el objetivo es garantizar que quienes habrían lesionado el derecho constitucional a la salud respondan ante la justicia.
“Aquellos que han atentado contra la salud de la población, especialmente de los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, expresó.
Reynoso reiteró que se trabaja no solo para lograr sanciones penales, sino también para recuperar cada peso supuestamente sustraído del patrimonio público.
Las acciones de la ‘Operación Cobra‘ son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y participa un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.