SANTO DOMINGO.- En un contexto económico global desafiante y mientras República Dominicana se acerca al grado de inversión, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) coincidieron en que el país se encuentra en un punto de definición histórica. Advirtieron que solo mediante reformas fiscales, institucionales y productivas podrá evitarse que la nación caiga en la llamada “trampa del ingreso medio”.
Durante el Almuerzo Anual de AIREN, Díaz llamó a dejar atrás el “pesimismo económico infundado” y sostuvo que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos, como reservas internacionales fuertes, estabilidad financiera, disciplina macroeconómica y niveles récord de inversión extranjera. “La República Dominicana avanza hacia el grado de inversión porque ha demostrado estabilidad, disciplina y resiliencia”, afirmó.
El ministro señaló que el país vive un punto de inflexión similar al que enfrentaron economías como Chile y México tras largos períodos de crecimiento, cuando se toparon con limitaciones estructurales. Subrayó que las reformas deben impulsarse sin esperar una crisis, recordando que las transformaciones de 1992 y 2004 solo se realizaron tras graves desequilibrios económicos.
Asimismo, destacó que varias medidas hoy aceptadas por el sector productivo —como los comprobantes fiscales, la factura electrónica y la trazabilidad de los alcoholes— enfrentaron inicialmente resistencia. “Controlar la evasión requiere medidas duras, pero necesarias. El sector formal es el más beneficiado”, puntualizó.
La AIREN, encabezada por su presidente Luis José Bonilla Bojos, coincidió en que el país necesita decisiones estratégicas en materia fiscal, eléctrica, de infraestructura y talento humano para sostener la competitividad regional y nacional. El encuentro reunió a líderes empresariales, autoridades y representantes del sector industrial del Cibao, quienes reiteraron que avanzar hacia un marco fiscal moderno exige fortalecer el sistema eléctrico, optimizar el gasto público y promover políticas que impulsen la productividad.