Una investigación revela cómo un contrato per cápita entregó el control de los medicamentos del SENASA a una empresa privada sin aval sanitario.
El 28 de febrero de 2025, el Seguro Nacional de Salud (SENASA), suscribió un contrato con la empresa Farmacard, S.R.L., bajo un modelo per cápita. Según el acuerdo, Farmacard recibiría un pago fijo mensual por la provisión de medicamentos ambulatorios a los afiliados del régimen contributivo, pensionados y jubilados, independientemente de si los pacientes retiraban o compraban los medicamentos. El contrato implicaba el manejo de más de RD$11,304 millones durante tres años.
Según el documento, el pago per cápita era de RD$168 por afiliado, incluyendo 1,765,266 miembros del régimen contributivo y 105,628 pensionados y jubilados, lo que representaba RD$314 millones mensuales, RD$3,768 millones al año y RD$11,304 millones en el período de vigencia inicial. El acuerdo también contemplaba una renovación automática por tres años adicionales, lo que duplicaría la suma y consolidaría un negocio que podría superar los RD$22,000 millones.
Farmacard asumía control total del flujo de pagos
Más allá del monto, el contrato otorgaba a Farmacard el control total de los pagos de los servicios farmacéuticos, una de las áreas más sensibles y propensas a irregularidades dentro del sistema de aseguramiento estatal.
La empresa era responsable de pagar y cobrar los medicamentos autorizados a los afiliados, y además comunicó a las farmacias que aplicaría una comisión del 4.25% sobre todo lo facturado, aparte del monto fijo mensual recibido por SENASA.
Aunque el acuerdo presentaba a Farmacard como una Prestadora de Servicios de Salud (PSS), la empresa no contaba con el aval del Ministerio de Salud Pública para operar bajo esa condición.
Contrataciones Públicas declara nula la contratación
El 15 de agosto de 2025, mediante la Resolución RIC-0109-2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acogió la solicitud de investigación presentada por la empresa DHN Digital Health Network, S.R.L., y declaró nula de pleno derecho la contratación directa entre SENASA y Farmacard, S.R.L.
El organismo determinó que el proceso se realizó al margen de la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, violando principios fundamentales como la legalidad, el debido proceso, la igualdad, la libre competencia, la transparencia y la publicidad.
Pese a ello, la DGCP permitió que el contrato permaneciera vigente por 70 días hábiles, a fin de no afectar la entrega de medicamentos a los afiliados.
El Grupo Read-Villanueva detrás de Farmacard
Farmacard, S.R.L. pertenece al Grupo Read-Villanueva, un conglomerado empresarial que ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados al SENASA. Según la investigación de DHN Digital Health Network, Farmacard habría operado en estrecha relación con la Farmacia GBC, al punto de que las farmacias GBC aceptaban directamente las tarjetas de Farmacard.
La denuncia agrega que GBC se benefició del 45% de la distribución o despacho de medicamentos destinados a los afiliados del SENASA, consolidando una red privada de intermediación farmacéutica que manejaba fondos públicos.
GBC: la red privada con acceso a fondos del Estado
La Farmacia GBC fue fundada en 1996 por los hermanos Carmen y Reymon Rodríguez. Desde 2012, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, la empresa mantiene un acuerdo con SENASA para distribuir medicamentos a través de la intermediaria Farmacard, que actúa como puente entre la aseguradora estatal y una red nacional de farmacias privadas, entre ellas la propia GBC.
Este sistema garantiza que, se vendan o no medicamentos, Farmacard reciba un pago per cápita fijo, bajo el supuesto de que siempre habrá consumo. De esa forma, una red privada ha asumido funciones propias del sistema público de salud, lo que muchos expertos califican como una privatización encubierta del acceso a los medicamentos.
Justificación de Farmacard
Ante las críticas, Farmacard defendió el contrato, alegando que con esta modalidad asumía la responsabilidad financiera del pago de los despachos a las farmacias, garantizando supuestamente la continuidad del servicio.
Sin embargo, esta práctica significó que SENASA cediera a un privado el control del dinero y la logística del suministro de medicamentos, eliminando la supervisión pública directa. En la práctica, Farmacard decidía qué se despachaba y qué no, alterando por completo el mecanismo estatal de acceso a medicamentos.
¿Negocio legal o irregularidad encubierta?
Tras la anulación del contrato, surgen preguntas inevitables: ¿Son legales los pagos y despachos realizados durante la vigencia del acuerdo? ¿Cómo se justifica que un contrato declarado nulo haya permitido la distribución de millones de pesos en medicamentos? ¿Quiénes fueron realmente los beneficiarios finales? Diversos analistas sostienen que el verdadero trasfondo es político.
A pesar de la magnitud del caso, no se han iniciado procesos judiciales concretos ni se han esclarecido las responsabilidades. El silencio institucional ha llevado a sospechar que se intenta proteger a ciertos sectores empresariales y políticos.
ADOCCO: “No hay corrupción pública sin el sector privado”
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sostiene que el caso SENASA–Farmacard podría exponer la voracidad de empresarios que manejan fondos públicos con total impunidad. Según la entidad, a través de redes de farmacias, empresas intermediarias y servicios de salud ambulatoria, se habrían drenado recursos estatales bajo la apariencia de brindar atención primaria.
ADOCCO recuerda que no existe corrupción pública sin la participación del sector privado, y que los fondos desviados podrían estar vinculados con el déficit financiero que enfrenta el SENASA.
Crecimiento de GBC: números en ascenso
De acuerdo con datos oficiales publicados por la propia Farmacia GBC, sus ventas totales entre 2019 y 2024 superaron los RD$70,669 millones, distribuidos así:
- 2019: RD$3,676,471,996.91
- 2020: RD$5,641,434,639.43
- 2021: RD$7,998,135,309.27
- 2022: RD$11,299,103,318.80
- 2023: RD$16,337,442,965.07
- 2024: RD$23,196,624,624.15
Con 188 sucursales activas, cada establecimiento habría vendido en promedio RD$10.28 millones mensuales, es decir, RD$123.38 millones anuales, o unos RD$342,739 diarios en medicamentos por sucursal.
Aunque la empresa asegura pagar todos sus impuestos, ADOCCO denuncia que la investigación permanece estancada.
Respuesta de GBC
Ante los señalamientos, la Farmacia GBC negó haber cometido irregularidades. En un comunicado oficial, afirmó que su crecimiento es fruto del trabajo en equipo, la eficiencia operativa y su política de descuentos, la cual, según la empresa, beneficia a los sectores más pobres del país.
La empresa destacó que entre 2018 y 2024 pagó más de RD$1,500 millones en impuestos y generó miles de empleos a nivel nacional.
Un caso que no puede enterrarse
El caso SENASA–Farmacard sigue siendo uno de los escándalos más significativos relacionados con el manejo de fondos públicos en el sistema de salud dominicano. Aunque el tema ha perdido visibilidad, las irregularidades confirmadas por Contrataciones Públicas y las denuncias de organizaciones cívicas demuestran que aún hay responsabilidades sin esclarecer.
Es posible que el presidente de la República Luis Abinader, no tuviera conocimiento directo de lo que ocurría en el SENASA, pero el hecho de que aún no se haya actuado ni judicializado el caso plantea una pregunta inquietante: ¿A quién protege el Gobierno? Por lo visto, no es al señor Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de ARS SENASA, porque aunque fue destituido, la falta de avances en la investigación y de procesos judiciales deja abierta la incógnita sobre quién realmente responde por estas irregularidades en la institución.