OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS. – En una reciente intervención televisiva, el director ejecutivo de FINJUS expuso una realidad preocupante que debería generar alarma y reflexión profunda: en la República Dominicana, el 93% de los casos que llegan a manos del sistema judicial terminan judicializados, mientras apenas un 7% se resuelve por la vía de la conciliación o negociación previa. Esta desproporción no solo satura los tribunales y retrasa los procesos, sino que también genera consecuencias sociales devastadoras para miles de ciudadanos.
La situación se torna aún más crítica cuando se contrasta con países como los Estados Unidos, donde ocurre exactamente lo contrario: el 93% de los conflictos se resuelven fuera de los tribunales mediante acuerdos, negociaciones, mediaciones o arbitrajes, y solo el 7% llega efectivamente a juicio. Esa inversión de cifras refleja un modelo judicial más ágil, humano y eficiente, que prioriza la solución de conflictos antes que la penalización masiva.
En cambio, en nuestro país, la cultura del litigio y la falta de mecanismos efectivos de resolución alternativa de disputas han convertido al sistema judicial en una máquina de etiquetar y penalizar. Miles de ciudadanos son fichados por conflictos menores o por simples disputas que pudieron resolverse con diálogo o mediación, quedando marcados para siempre en sus registros. Esa ficha, muchas veces innecesaria, pesa más que una sentencia: impide conseguir empleo, acceder a créditos, viajar o simplemente recuperar la paz mental.
Judicializar lo que pudo resolverse por consenso es más que un problema técnico: es una falla estructural que desgasta emocional y económicamente al ciudadano, y que erosiona la confianza en las instituciones. Se traduce en tiempo perdido, en estigmas sociales, en cárceles llenas de personas que nunca debieron estar ahí, y en un sistema que parece más interesado en tramitar casos que en impartir verdadera justicia.
El camino es claro: hay que revertir esa proporción, como ya lo han hecho democracias sólidas. La República Dominicana debe priorizar e institucionalizar los métodos alternativos de resolución de conflictos: mediación, conciliación, arbitraje, justicia restaurativa. Y paralelamente, debe educar a su población —y a sus operadores judiciales— en una nueva cultura jurídica, donde no todo deba resolverse a través de una sentencia.
No todo desacuerdo merece una ficha. No toda diferencia requiere un tribunal. No toda falla humana debe castigarse con todo el peso de la ley.
Justicia no es solo castigo. Justicia es también saber cuándo detenerse, escuchar, reparar y seguir adelante.