SANTO DOMINGO, R.D.- El Gobierno dominicano proyecta un aumento en el gasto destinado al pago de intereses de la deuda pública para el año 2026. De acuerdo con el Informe de Avance de las Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales, remitido al Congreso Nacional por el entonces ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el Estado contempla erogar RD$322,560.9 millones en intereses, lo que representa un incremento de RD$24,074.5 millones en comparación con los RD$298,486.4 millones presupuestados para 2025, equivalente a un alza del 8 %.

El informe también señala que en el primer semestre de 2025 se destinaron RD$146,639.3 millones a ese concepto. Las estimaciones a mediano plazo, hasta 2029, apuntan a una tendencia creciente en el monto de intereses, previendo que ese año el gasto alcance los RD$418,674 millones.

En cuanto al balance fiscal, el documento proyecta un déficit de RD$254,916 millones para 2026, lo que representaría un 2.9 % del producto interno bruto (PIB). Este resultado se calcula sobre la base de ingresos estimados en RD$1,336,196.6 millones frente a gastos por RD$1,591,111.6 millones. Solo un 12 % de ese presupuesto estará destinado a gasto de capital, lo que equivale a RD$191,029.9 millones, o un 2.2 % del PIB.

Déficit y futuros préstamos

Para cubrir ese déficit y otras obligaciones, el Gobierno contempla una necesidad bruta de financiamiento por RD$366,297 millones, equivalente al 4.2 % del PIB. Esta cifra incluye RD$111,382 millones por concepto de aplicaciones financieras.

En relación con la deuda, las autoridades prevén que el endeudamiento consolidado del sector público mantendrá una trayectoria descendente en proporción al PIB, pese al aumento observado en mayo de 2025, cuando alcanzó un 46.9 %, frente al 46.2 % registrado al cierre de 2024. Se estima que para finales de 2025 la deuda del sector público no financiero cerrará en 46.6 % del PIB, y que continuará reduciéndose hasta llegar a un 45.9 % en 2029.

En cuanto al gasto social, el informe señala que se mantendrán los subsidios al sector eléctrico y a los combustibles. En el caso del subsidio eléctrico, el Gobierno busca cubrir las pérdidas operativas de las empresas distribuidoras. En el caso de los combustibles, se justifica la continuidad del subsidio por el riesgo de aumentos en los precios internacionales debido a factores como conflictos armados y alta demanda.

Según el documento, estas medidas buscan proteger a la población de los efectos de factores externos, contener la inflación y asegurar una mayor estabilidad de precios. El Gobierno defiende que su estrategia fiscal está enfocada en mantener niveles prudentes de endeudamiento, con el objetivo de contribuir a la estabilidad económica a largo plazo.