SANTO DOMINGO, R.D.- La Fundación Una Nueva Esperanza (UNE) envió una carta al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, solicitando la revisión y ampliación del Protocolo de Atención para Niños, Niñas y Adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), emitido por esa institución en mayo de 2025, por excluir expresamente a las personas adultas con esta condición.
La misiva, firmada por Esperanza Benítez Ramírez, directora ejecutiva de UNE y madre cuidadora de un adulto con autismo, reconoce la importancia del protocolo como necesario, al establecer procedimientos médicos con un enfoque interdisciplinario y disponer la cobertura de estudios diagnósticos especializados como pruebas metabólicas, genéticas, hormonales, de metales pesados y neuropsicológicas, entre otras.
Sin embargo, Benítez advierte que dejar fuera a las personas adultas con autismo de ese marco normativo lo cuál considera es una exclusión injustificada que vulnera los derechos de una población en crecimiento y necesidad permanente de servicios. “Esta conquista queda trunca si no se extiende a toda la población con TEA, sin límite de edad”, señala el documento.
La directora de UNE indica que muchas personas adultas con autismo en República Dominicana carecen de diagnóstico, atención médica especializada o acceso a medicamentos, pese a enfrentar condiciones clínicas complejas y comorbilidades. Subraya que, al centrar el protocolo solo en la población menor de 18 años, se consolida un patrón de exclusión histórica. “La inclusión no puede tener fecha de caducidad. El autismo no termina a los 18 años. Y los derechos tampoco”, afirma.
Además, la misiva señala que la Ley 34-23, que da origen al protocolo, reproduce elementos ya contemplados en la Ley 5-13 sobre Discapacidad, lo cual, según la fundación, crea confusión normativa y fragmentación institucional. También critica que dicha ley y su protocolo no incluyan otras condiciones del neurodesarrollo, como TDAH o discapacidad intelectual, ni contemplen la participación activa de familias cuidadoras, a pesar del rol que desempeñan en la atención y defensa de derechos de las personas con discapacidad.
Entre sus puntos la UNE solicita:
- Revisar el protocolo vigente para incluir explícitamente a personas adultas con TEA.
- Garantizar acceso a pruebas diagnósticas y atención médica integral para toda persona con autismo, sin importar su edad.
- Aplicar de manera efectiva la Ley 5-13, integrando las distintas disposiciones normativas y eliminando duplicidades legales.
- Incorporar a las familias cuidadoras en la formulación de políticas públicas relacionadas con el autismo y la discapacidad.
En su comunicación insiste en que las políticas públicas deben diseñarse con un enfoque de ciclo de vida y derechos humanos. “Una persona con autismo no necesita menos apoyo al cumplir la mayoría de edad. Por el contrario, el paso a la adultez con frecuencia incrementa los desafíos”, expresa la directora de UNE.
La Fundación Una Nueva Esperanza reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para fortalecer el marco de atención en salud y apoyar el diseño de políticas que incluyan a toda la población con autismo.
Finalmente, hizo un llamado a reconocer que la exclusión de personas adultas con autismo no solo afecta su bienestar, sino que también perpetúa la discriminación y limita el desarrollo de una sociedad verdaderamente inclusiva. “Ningún protocolo puede ser considerado completo si deja fuera a una parte significativa de la población a la que pretende servir”, concluye la carta.
Carta enviada al Ministerio de Salud Pública
