Angélica Castillo, para 7 Segundos Multimedia. – La tragedia reciente en la antigua discoteca Jet Set, sumada al colapso de una estructura en Santiago, vuelve a recordarnos — con dolorosa contundencia — que en República Dominicana seguimos postergando una responsabilidad fundamental: la inspección técnica y periódica de nuestras edificaciones.
En ambos casos, los informes preliminares apuntan a fallas estructurales acumuladas, falta de mantenimiento y, sobre todo, ausencia de controles oportunos. Cuando un edificio colapsa, no estamos solo ante una falla de concreto; estamos ante una falla sistémica que involucra a propietarios, técnicos, autoridades y una cultura permisiva que normaliza la improvisación.
Prevenir no debería ser opcional
Durante años, en el país hemos asumido que basta con aprobar planos o entregar permisos para dar por cerrado el ciclo de una construcción. Pero toda obra —desde una vivienda hasta un local comercial— requiere una vigilancia continua, especialmente en contextos de uso intensivo, reconversión o exposición a condiciones adversas.
La inspección no es un lujo técnico ni un trámite burocrático. Es la garantía mínima de seguridad estructural para quienes habitan, visitan o trabajan en un espacio físico. Ignorar esa realidad nos ha costado vidas, confianza ciudadana y reputación institucional.
La informalidad como norma
Se estima que más del 50 % de las edificaciones en el país se levantan sin supervisión técnica adecuada. En muchos municipios, las unidades de control urbano son inexistentes o funcionan con recursos mínimos y sin personal capacitado. La debilidad en los sistemas de seguimiento y la falta de registros públicos actualizados permite que muchas estructuras envejezcan al margen del radar de las autoridades.
No se trata solo de viviendas particulares. Muchos espacios públicos y privados —escuelas, bares, iglesias, almacenes, plazas— operan hoy con condiciones estructurales comprometidas, sin que exista una política de inspección regular y obligatoria que pueda identificar riesgos a tiempo.
Reputación en juego
Cada vez que ocurre un derrumbe por falta de supervisión, no solo se cuestiona a los propietarios del inmueble. También se pone en entredicho la responsabilidad de las autoridades municipales, el rol de los gremios técnicos y la ética de quienes diseñan o construyen sin prever el mantenimiento de lo que dejan atrás.
Desde el punto de vista reputacional, el costo es altísimo: la percepción pública de inseguridad, la desconfianza hacia los profesionales del sector y la imagen de un país que no cuida su infraestructura. Ningún plan de ordenamiento urbano puede sostenerse si no se parte de la premisa básica de garantizar estructuras seguras y supervisadas.
¿Por dónde empezar?
La discusión técnica ya está planteada. Lo que falta es voluntad. Algunos pasos urgentes:
- Establecer protocolos de inspección obligatoria cada cinco años , con prioridad en edificaciones de alto tránsito o uso intensivo.
- Fortalecer las unidades de fiscalización municipal , dotándolas de personal técnico, presupuesto y respaldo legal.
- Crear un registro nacional de inspecciones realizadas, con datos abiertos y trazabilidad pública.
- Sancionar con rigor a quienes operen edificaciones sin certificaciones vigentes o incumplan medidas correctivas recomendadas.
Cerrar el ciclo de la improvisación
Este no es el momento de repartir culpas a destiempo, sino de asumir corresponsabilidad. Cada actor del ecosistema de la construcción —autoridades, gremios, empresarios, ingenieros, arquitectos— tiene un rol en esta cadena que, si no se fortalece, seguirá rompiéndose donde más duele: en la pérdida de vidas humanas.
Desde este espacio nos sumamos al llamado colectivo a priorizar la inspección estructural como política pública urgente. La seguridad no es un tema técnico reservado a expertos: es un derecho ciudadano. Y protegerlo requiere decisiones valientes, firmes y sostenidas.
Construir sin supervisar es como sembrar sin cuidar. Tarde o temprano, lo que no se atiende, se desploma.