La aprobación del proyecto quedó pendiente de una segunda discusión
SANTO DOMINGO. – El Senado de la República aprobó este jueves, en primera lectura y con el respaldo de 21 senadores, un proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Justicia, una institución que busca reestructurar el sistema judicial dominicano y redistribuir funciones actualmente asumidas por la Procuraduría General de la República.
Esta propuesta, introducida por el Poder Ejecutivo en 2022, había quedado estancada por falta de consenso legislativo, pero finalmente logró avanzar tras ser retomada por la Cámara Alta.
Según el informe presentado, la creación del nuevo ministerio permitirá descongestionar al Ministerio Público, permitiéndole centrarse exclusivamente en la investigación penal y la persecución del delito. En tanto, el Ministerio de Justicia asumiría roles administrativos y de gestión institucional dentro del sistema de justicia.
¿Cómo estará conformado el nuevo Ministerio de Justicia?
De ser aprobado en segunda lectura y promulgado, el Ministerio de Justicia se encargará de planificar, coordinar y ejecutar políticas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial nacional, que incluye ocho instituciones clave del sector justicia.
La propuesta legislativa contempla la creación de cinco viceministerios:
- Atención y colaboración
- Representación judicial
- Derechos Humanos
- Políticas Penitenciarias
- Asuntos Registrales
El titular de este ministerio también tendrá facultades para representar al Estado en procesos arbitrales, coordinar políticas de derechos humanos, gestionar los servicios penitenciarios y supervisar los registros oficiales.
Las funciones que asumiría el futuro Ministerio de Justicia
De acuerdo con la normativa en proceso, el titular del Ministerio de Justicia asumirá un rol estratégico en la administración pública, incluyendo la defensa del Estado ante tribunales arbitrales internacionales, la coordinación del Sistema Nacional de los Derechos Humanos, así como la gestión del sistema penitenciario y de los asuntos registrales del país.
La iniciativa también plantea una reorganización profunda del sistema penitenciario y correccional, creando una estructura integrada por 12 entidades estatales que trabajarán bajo la coordinación del nuevo ministerio. Esta reforma busca transferir responsabilidades que actualmente recaen sobre la Procuraduría General de la República, permitiendo que el Ministerio Público se enfoque en su función principal: la persecución penal.
En esencia, la propuesta busca modernizar el aparato judicial y descentralizar funciones operativas del Ministerio Público, apostando por un modelo más eficiente y especializado en la administración de justicia.