OPNIÓN, GREGORY PANIAGUA.- No sé en qué momento empezamos a ver como normal ciertas decisiones políticas que, si las analizamos con objetividad, desafían el sentido común y la institucionalidad. Tal es el caso reciente de la designación de Emma Polanco como presidenta de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo es posible que una persona que fue rectora universitaria, la misma que requiere de una auditoría de la misma institución que ahora ella preside, además, sea ahora quien deba fiscalizar a esos mismos actores que le apoyaron a ella y que ella apoyó?
Emma Polanco fue rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se le reconoce, entre otras cosas, haber manejado con firmeza el tema de las huelgas. Pero también es cierto que durante su gestión no se ofrecieron detalles claros sobre el uso de fondos y, al día de hoy, no hay una auditoría pública visible de ese período. ¿Entonces cómo se justifica que ahora asuma la responsabilidad de liderar el órgano que debe vigilar el uso adecuado de los recursos públicos?
Más aún, su designación parece contradecir los principios de no intervención que el presidente Abinader enarboló durante su primera campaña electoral. Prometió respetar la independencia de los poderes y órganos del Estado, pero hoy vemos cómo figuras afines al oficialismo ocupan posiciones estratégicas en instituciones que deberían actuar con total imparcialidad.
El caso de Emma Polanco genera dudas legítimas. ¿Va a auditar con objetividad a la actual administración universitaria, donde hay personas con las que ha compartido gestión y afinidad política? ¿Va a investigar a su excolaborador, o a los vicerrectores que fueron parte de su equipo? Parece poco probable. No se trata de una crítica personal, sino de una alerta institucional: no se puede ser juez y parte.
Y mientras tanto, vemos cómo desde el oficialismo se intenta proyectar una imagen de eficiencia, cercanía y respuesta rápida a los ciudadanos, algo que la primera dama promueve constantemente en redes sociales. ¿Pero eso basta para tapar las incoherencias? Aplaudimos que responda solicitudes de ayuda, pero no podemos ignorar que la verdadera ayuda al pueblo empieza por respetar las reglas del juego democrático.
Como sociedad, no podemos seguir viendo estas cosas como normales. No todo se justifica por la simpatía política o por los favores pasados. Si permitimos que quienes deben fiscalizar sean los mismos que tienen lazos directos con los fiscalizados, entonces estamos renunciando al principio básico de transparencia. Y eso, nos guste o no, nos afecta a todos.