SEUL, COREA DEL SUR.- Este sábado, el Parlamento de Corea del Sur aprobó, con 204 votos a favor y 85 en contra, la destitución del presidente Yoon Suk Yeol por su controvertido decreto de ley marcial del pasado 3 de diciembre, que desencadenó una crisis política sin precedentes en el país.

La medida suspende inmediatamente a Yoon de sus funciones presidenciales, y el documento oficial de destitución será entregado tanto al presidente como al Tribunal Constitucional.

El tribunal tendrá hasta 180 días para decidir si confirma o revoca la destitución. Si se ratifica, se convocarán elecciones presidenciales dentro de los 60 días siguientes. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo asumirá como presidente interino.

Este fue el segundo intento de destitución de Yoon, tras un primer fracaso la semana anterior debido al boicot de legisladores del Partido del Poder del Pueblo. Sin embargo, esta vez, la presión pública y la caída en la popularidad del mandatario llevaron a que varios legisladores oficialistas votaran a favor de la moción.

Reacción de la población coreana

Las calles de Seúl han sido escenario de protestas masivas durante las últimas dos semanas, con miles de ciudadanos exigiendo la destitución y el arresto de Yoon bajo temperaturas bajo cero, empleando incluso barras de luz de K-pop como símbolo de protesta. Por otro lado, simpatizantes conservadores del presidente también se han manifestado en apoyo a Yoon.

El decreto de ley marcial, el primero en más de cuatro décadas, duró solo seis horas pero paralizó la actividad diplomática y afectó a los mercados financieros. El Parlamento revocó la medida y obligó a Yoon a retirarla, después de un fallido intento del presidente de bloquear físicamente la Cámara con tropas y policías.

Los partidos opositores y expertos legales acusaron a Yoon de rebelión, afirmando que su decreto era anticonstitucional. La moción de destitución alega que Yoon cometió «un acto de rebelión que afecta la paz en la República de Corea» y que intentó socavar la Constitución.

Yoon, por su parte, defendió su acción como legítima y acusó al Partido Democrático de ser una «fuerza antiestatal». Sin embargo, el líder opositor Lee Jae-myung describió las palabras de Yoon como «una declaración de guerra contra su propio pueblo».

Con la oposición controlando 192 de los 300 escaños, la votación obtuvo el apoyo necesario de varios legisladores oficialistas para alcanzar la mayoría de dos tercios requerida.

Actualmente, Yoon está bajo investigación por posibles delitos de rebelión y abuso de poder, sin inmunidad frente a estos cargos, lo que podría llevarlo a la cárcel o a enfrentar penas aún más severas. Diversos altos funcionarios y mandos militares también están siendo investigados, marcando uno de los momentos más turbulentos en la reciente historia política de Corea del Sur.