El Ministerio de Administración Pública (MAP) aprobó la descentralización del cálculo de beneficios y prestaciones laborales mediante la resolución 316-2024, firmada por el ministro Sigmund Freund. A partir del 19 de octubre, las oficinas de recursos humanos de las instituciones del Estado, incluyendo las descentralizadas, serán responsables de calcular y pagar los beneficios laborales de los servidores públicos desvinculados, ya sea por renuncia, fallecimiento o pensión.
Las instituciones deben asegurarse de que los cálculos cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, siguiendo procedimientos internos para garantizar precisión y transparencia. Cada ente gubernamental deberá incluir en su presupuesto las previsiones necesarias para cubrir indemnizaciones y otros beneficios, siendo responsables de su gestión financiera junto a la Contraloría General de la República, que actuará como órgano de control.
Además, las instituciones deben subir el proceso al Sistema de Reclamación Laboral (Reclasoft), acompañando los cálculos firmados y sellados por los titulares administrativos, financieros y de recursos humanos, así como por las máximas autoridades de cada entidad. Los cálculos deben enviarse al MAP de manera digital para registro y control.
El proceso de descentralización agiliza la gestión administrativa y financiera, mejorando los tiempos de respuesta ante la desvinculación de funcionarios. Los entes del Estado en proceso de fusión o eliminación deberán validar los cálculos con el MAP antes de proceder a los pagos.
En caso de inconformidad con el cálculo de los beneficios laborales, tanto el empleado como la institución pueden presentar una reclamación formal dentro de los 15 días siguientes a la notificación. La reclamación debe detallar las razones y la documentación pertinente, y la institución deberá realizar una revisión interna. Si no se llega a una resolución, el caso puede ser presentado ante el MAP.
El MAP actuará como conciliador si las partes no llegan a un acuerdo, revisando el caso y decidiendo si debe ser elevado a la Comisión de Personal o si puede resolverse directamente con las autoridades del ente correspondiente. Esta medida busca reducir tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta ante los procesos de desvinculación en el sector público.
El objetivo principal de la descentralización es simplificar el proceso administrativo, dando mayor autonomía a las instituciones para manejar directamente los cálculos de beneficios laborales. De este modo, se espera una mayor eficiencia en la gestión de los derechos de los empleados públicos que sean desvinculados por cualquier motivo, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prestaciones laborales.