SANTO DOMINGO, 7 SEGUNDOS.- El día de ayer dos de octubre, el Ministerio Público llevó a cabo la detención de seis individuos con relación a la investigación del caso Intrant-Transcore Latam. Entre los detenidos se encuentra Hugo Beras, José Gómez Canaan y Frank Díaz (empleado de Intrant). También hay tres personas más detenidas, cuyos nombres aún no se han dado a conocer.
Un audiovisual reciente expone el momento en que las autoridades trasladan a Beras, Gómez, Canaan, Díaz y a los tres individuos al centro de detención del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Sobre Transcore Latam
Transcore Latam es la empresa ganadora de la licitación para la «contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo». La empresa, representada por Pedro Vinicio Padovani Báez, firmó un contrato por más de RD$1,317 millones de pesos el 19 de junio del 2023. Sin embargo, este contrato fue posteriormente suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debido a indicios de irregularidades el 30 de octubre del 2023. Por demás, fue suspendido nuevamente por el nuevo incumbente, Milton Morrison, quién aseguró que no se habría suspendido aún.
Desde su fundación, bajo un esquema societario cuestionado y rodeado de acusaciones de falsificación y propietarios encubiertos para obtener una licitación de más de RD$1,317 millones de pesos, hasta las amenazas de sabotaje al sistema de control de tránsito realizadas el año pasado, las cuales parecen haberse materializado con un apagón parcial de semáforos en el Gran Santo Domingo.
Según declaraciones de Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la empresa cuya propiedad se atribuyó al informático José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), afectó de manera intencional la red semafórica el pasado 30 de agosto.
Primeros escándalos de la empresa
Los escándalos públicos que han rodeado a Transcore Latam comenzaron en octubre de 2023, cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas anunció la suspensión del contrato que la empresa mantenía con el Intrant. Este contrato se refería a la «contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo».
Parte de lo cuestionado por la opinión pública es que Transcore Latam fue constituida solo unos meses antes de que se abriera la licitación en la que resultó ganadora, y su «dueño oficial» casualmente es un exempleado del Intrant.
Algunos documentos revelan que la empresa se registró en el país en julio de 2022, coincidiendo con la salida de Pedro Vinicio Padovani Báez de su puesto en la Dirección de Movilidad Sostenible del Intrant, unidad responsable de realizar estudios para mejorar la movilidad del tránsito.
Transcore Latam, SRL., obtuvo su registro mercantil el 7 de julio de 2022. Según este registro, sus socios incluyen a Transcore LTE, LLC, representada por Jorg Brinkmeyer, y SIC Transporte, LLC, representada por Padovani Báez, quien también actúa como gerente y posee la mayoría de las acciones. La empresa tiene un capital social de 1,000 millones de pesos y está registrada en Delaware, Estados Unidos.
Sobre la licitación y las presuntas irregularidades del proceso
En febrero de 2023, se abrió la licitación INTRANT-CCC-LPN-2023-0001. En ese contexto, el 21 de febrero, los socios realizaron un traspaso de acciones en el que Jorg Brinkmeyer, representante de Transcore LP, LLC, cedió 900 acciones de Transcore Latam, SRL (de un total de 1,000) a Pedro Vinicio Padovani Báez, por un valor de RD$900,000 pesos.
A finales de noviembre de 2023, Jochi Gómez afirmó públicamente ser el propietario del 80 % de las acciones de la empresa. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la Dirección General de Contrataciones Públicas inhabilitó el registro de proveedor de Transcore Latam debido a la presentación de «documentación falsa o alterada» en el marco del procedimiento de la licitación INTRANT-CCCLPN-2023-0001.
La decisión fue motivada por cuatro denuncias de irregularidades relacionadas con el proceso de licitación. Entre las irregularidades comprobadas durante la investigación se encontraba el uso no autorizado de documentos de empresas extranjeras para respaldar una experiencia que la empresa no poseía. Además, se denunciaron el constante traspaso de acciones y la constitución de la empresa poco tiempo antes de la apertura de la licitación.
La auditoría reveló presuntos fallos, incoherencias e incumplimientos
Transcore Latam presentó un capital de RD$1,000,000 de pesos, lo que demuestra una falta de solvencia patrimonial para asumir los compromisos del proceso.
A esta empresa, que no cuenta con la solvencia adecuada, se le realizó un pago de RD$263.4 millones por concepto del 20% de anticipo.
El acta de adjudicación presenta incoherencias con lo establecido en el pliego de condiciones.
Transcore Latam emitió facturas por el 90%, aunque solo había ejecutado el 20% del trabajo.
La empresa aumentó el nivel de ejecución utilizando el mismo número de comprobante fiscal, pero con diferentes montos y conceptos.
En el acta de adjudicación No. 0045-2023, Transcore Latam recibió una puntuación de 92.00, mientras que en el informe final se le asignó 93.60, sin que se visualizara la puntuación de los demás oferentes ni las ofertas.
Supuestas maniobras fraudulentas
La Unidad Antifraude de la Contraloría ha concluido, tras una auditoría, que se detectaron maniobras fraudulentas en el proceso de selección y adjudicación del contrato a Transcore Latam, llevado a cabo por el INTRANT en 2023.
En una auditoría especial, se expresó que “de las diferentes diligencias practicadas, se comprobaron maniobras fraudulentas en el proceso de selección y adjudicación del oferente Transcore Latam, S.R.L., cometidas por miembros del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) actuantes en el proceso número INTRANT-CCC-LPN-2023-0001”.
Según los auditores, las irregularidades se identificaron en todas las etapas del proceso de contratación. Estas acciones contravienen la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, así como las normas establecidas en la Ley 41-08 sobre Función Pública y la Ley 10-07, que regula el Control Interno de la Contraloría General.
Irregularidades señaladas por la Contraloría
Entre las irregularidades mencionadas en la auditoría se destacan las siguientes:
- Informes técnicos parciales: Estos informes presentan datos inconsistentes, deficiencias y decisiones unilaterales que evidencian un trato privilegiado hacia el oferente seleccionado, Transcore Latam.
- Documentación sin aprobación: Se emitieron documentos sin la validación de los miembros del comité de compras y contrataciones.
- Modificaciones extemporáneas: Se realizaron cambios al pliego de condiciones mediante actos administrativos sin la aprobación del órgano competente.
- Respuestas incompletas: Las respuestas a las inquietudes planteadas por los oferentes fueron parciales.
- Flexibilización de requisitos: Se modificaron los requisitos técnicos exigidos en el pliego de condiciones.
Había indicios de que los semáforos fallarían intencionalmente
A principios de noviembre, Pedro Vinicio Padovani Báez presentó un recurso de habeas corpus para protegerse de las posibles consecuencias de la desconexión del sistema semafórico de Santo Domingo, como supuestamente se le había ordenado en la suspensión del contrato que la empresa poseía con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Sin embargo, el tribunal rechazó el habeas corpus preventivo que Transcore había solicitado en respuesta a la suspensión. Tras esta decisión, el abogado de la empresa, Carlos Balcácer, amenazó con desconectar los semáforos del Gran Santo Domingo.
A pesar de esto, el Intrant aseguró el correcto funcionamiento del sistema semafórico. En un comunicado, afirmaron: «Como órgano responsable de la gestión y regulación del tránsito y del transporte terrestre, garantizamos que las operaciones cotidianas de la red semafórica continuarán de manera habitual en las calles y avenidas de la ciudad, a través del Centro de Gestión y Control».
Apagón de semáforos, la pesadilla del 28 de agosto
El 28 de agosto, tras el inicio de fallas en los semáforos del Distrito Nacional, Jochi Gómez hizo una amenaza pública en X, denunciando que el nuevo sistema implementado era deficiente, acusando a Contrataciones Públicas y al INTRANT de silencio y falta de acción. Su publicación coincidió con una auditoría técnica y financiera que la Contraloría General estaba llevando a cabo sobre el contrato con Transcore, la empresa encargada del sistema.
A pesar de estar bajo investigación y de que el contrato debía estar suspendido, Transcore continuó operando el servicio, recibiendo un pago del 20% del monto total. Las fuentes citadas sugirieron que esta continuación era necesaria porque, mientras no se finalizara la auditoría, no se podía sustituir la tecnología dominada por la empresa.
El proyecto de semáforos no solo abarca el control del tráfico, sino que incluye más de 2,000 cámaras en 55 intersecciones, planteando preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos personales. A pesar de los pagos realizados, Transcore continuó operando «de gratis», sugiriendo un interés en la información que podían obtener.
El contexto se volvió más grave con el historial del propietario de la empresa, quien había sido acusado de hacking. La tercerización de servicios públicos de este tipo, manejados por una empresa con un cuestionable historial, genera inquietud sobre la seguridad y ética en la gestión de datos ciudadanos.
El INTRANT, finalmente, tomó control de los semáforos el 29 de agosto, después de que se militarizaran para su custodia debido a la crisis. Estas vulnerabilidades resaltaron la necesidad de una mayor regulación y vigilancia sobre la contratación de servicios públicos críticos.
Declaraciones de Hugo Beras
El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, afirmó que lo ocurrido responde a fallas de los sistemas de control del Estado.
El exfuncionario realizó un resumen del proceso de licitación y detalló que cada etapa fue aprobada por las instituciones mencionadas anteriormente.
«Para uno hacer una licitación, la Dirección de Compras y Contrataciones tiene que validar todo. Para hacer un contrato, tenemos una unidad de control interno de la Contraloría que tiene que validar», dijo durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana .
Asimismo, Beras puntualizó que «no había hablado por prudencia», indicando que, tras la suspensión del contrato a Transcore Latam, contrató de manera privada los servicios de la abogada Laura Acosta para llevar a cabo una investigación.
Detalló además que, a finales de octubre de 2023, después de validar todos los procesos, las unidades de control del Estado le dieron luz verde para firmar el contrato destinado a «la modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo».
Allanamientos, acusaciones y apresados
Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, están siendo investigados por presuntas irregularidades en el contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Beras fue detenido y trasladado a la sede de la entidad tras un allanamiento a su residencia que se extendió por más de dos horas. Por su parte, Gómez fue dejado bajo custodia después de un intenso interrogatorio que duró casi cinco horas, llevado a cabo por fiscales de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Pepca).
El allanamiento en la residencia de Hugo Beras, ubicada en el exclusivo sector Piantini del Distrito Nacional, resultó en la incautación de cajas plásticas llenas de documentos. Además, los fiscales se llevaron dos vehículos durante la operación.
Los abogados de Beras, Laura Acosta y Luis Rivas, denunciaron que la actuación de las autoridades constituyó un abuso, ya que no se les permitió estar presentes para asistir a su cliente durante el allanamiento.
“Un abuso totalmente innecesario. Bastaba que permitieran subir a sus abogados para ver las órdenes del juez y asistirle. Se trata de un derecho constitucional. El MP tiene la facultad de allanar y arrestar a quien entienda, pero JAMÁS a impedirle ser asistido por su abogado”, expresó la abogada Acosta en su red social X, antigua Twitter.