El acuerdo propuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) para resolver el caso Calamar solo beneficiaría a seis testigos y una empresa involucrada en el supuesto desfalco. Sin embargo, este acuerdo dejaría fuera a las víctimas querellantes, quienes llevan años reclamando justicia en este proceso.
Este criterio de oportunidad será evaluado mañana miércoles 29 de mayo por el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. En caso de ser aprobado, implicaría la extinción de la acción penal para los mencionados individuos y la empresa del Grupo Dibefe, S.R.L.
Según la solicitud de homologación presentada por la Pepca, los involucrados en el caso Calamar, quienes admitieron su participación en la trama, habrían compensado el daño ocasionado al Estado dominicano mediante la restitución de los fondos sustraídos. Por ende, se solicita que se declare el decomiso a favor del Estado de los bienes muebles e inmuebles entregados voluntariamente por cada imputado.
Sin embargo, la negociación llevada a cabo por el Ministerio Público (MP) no incluye a los querellantes que se consideran estafados por la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, ni a ninguna otra víctima que no sea el Estado.
Aunque aún no se han revelado los detalles sobre los bienes entregados por los beneficiarios de la negociación realizada por el MP, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) recibiría un 15% de lo recuperado, según lo estipulado en el contrato firmado por los abogados.
El ERPP es un grupo de abogados designados con una delegación especial por la presidencia de la República Dominicana mediante el Decreto núm. 22-21. Para este caso específico, el equipo de juristas está conformado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, Manuel Conde Cabrera, Sóstenes Rodríguez Segura, Fabián Melo y Keryma Marra Martínez.