La tarde de ayer, en la comunidad de San Miguel Octopan, ubicada a 10 kilómetros de Celaya, Guanajuato, centro de México, se produjo un trágico suceso: la candidata a la alcaldía del municipio, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinada durante su primer mitin de campaña.
Gaytán Gutiérrez, quien buscaba la presidencia municipal de Celaya, se encontraba presentando sus propuestas sobre seguridad pública cuando fue atacada por individuos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Lamentablemente, la candidata perdió la vida en el lugar del incidente, y otras tres personas resultaron heridas durante el ataque.
Este trágico evento se suma a una serie de actos violentos que han marcado el proceso electoral en México. Tan solo el pasado domingo, la candidata a diputada federal Alda Pacheco Juárez denunció un atentado mientras circulaba por la carretera que conecta los municipios de Cortázar y Jaral del Progreso, también en Guanajuato.
Celaya, la tercera ciudad más poblada del estado, se encuentra en una región conocida por su alta incidencia de violencia, y este incidente refleja la grave situación de inseguridad que enfrenta el país.
El gobierno de la ciudad está actualmente a cargo de Javier Mendoza Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien también ha sido afectado por la violencia, pues su hijo fue asesinado en 2022. A pesar de ello, Márquez busca la reelección por el mismo partido.
Los datos sobre violencia política durante este proceso electoral son alarmantes. Hasta mediados de marzo, se habían registrado 44 homicidios de candidatos, políticos, funcionarios y sus familiares en todo el país. Organizaciones como Data Cívica y Data Int han documentado el asesinato de al menos 20 personas que aspiraban a cargos de elección popular en lo que va del año electoral.
Estos sucesos preocupantes arrojan una sombra sobre las próximas elecciones en México, que se celebrarán el 2 de junio y serán las más grandes de la historia del país, con más de 97 millones de mexicanos convocados para renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los escaños del Congreso y nueve gobiernos estatales.
