La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha manifestado su inquietud debido al elevado número de audiencias suspendidas en el sistema de administración de justicia de la República Dominicana. Según esta organización, estas suspensiones están poniendo en riesgo las garantías y derechos individuales de los ciudadanos.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, citó un ejemplo alarmante en la jurisdicción penal ordinaria, donde de un total de 74,844 audiencias programadas por la Defensa Pública, el 70% (52,376 audiencias) fueron suspendidas. Las causas detrás de estas suspensiones incluyen la falta de notificación a las partes, la ausencia de los imputados y la incomparecencia de testigos o peritos, entre otros motivos.
Castaños Guzmán también hizo hincapié en la preocupante suspensión de audiencias en la jurisdicción penal relacionada con adolescentes. En este contexto, se han identificado problemas, como la falta de profesionales capacitados para gestionar adecuadamente los procesos vinculados a las entrevistas en la Cámara de Gesell.
Para FINJUS, es esencial recordar que cualquier proceso que involucre a niños, niñas o adolescentes debe priorizar su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos, en concordancia con el principio del «interés superior del niño».
Las cifras mencionadas anteriormente reflejan una situación que requiere una solución rápida, ya que está afectando negativamente la percepción de la justicia en la República Dominicana y perjudicando el sistema, lo que socava la protección de las garantías y libertades individuales.
Castaños Guzmán subrayó la preocupación de FINJUS por el hecho de que más del 70% de las audiencias programadas en el período señalado fueron suspendidas, lo que debilita la efectividad y eficiencia del sistema de administración de justicia.
La organización instó a abordar este problema de manera urgente para fortalecer la administración de justicia en el país y promover la transparencia, eficiencia y la igualdad en el sistema.
Castaños Guzmán hizo hincapié en la importancia de contar con un sistema de asistencia judicial organizado y ágil para gestionar los eventos que se presentan en el sistema legal, en consonancia con los principios constitucionales y democráticos fundamentales del Estado de Derecho en la República Dominicana.